América del Sur y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Uruguay:

Zeid reconoce avances en derechos humanos pero pide más esfuerzos para abordar violaciones

GINEBRA / MONTEVIDEO (27 de octubre de 2017) – El compromiso de Uruguay con los derechos humanos en nivel interno e internacional es claro, pero el país debe hacer frente a una serie de desafíos como las condiciones carcelarias “inhumanas”, la generalizada violencia contra las mujeres y la persistente impunidad por violaciones cometidas durante la dictadura militar, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al final de una visita de dos días al país.

“Las autoridades uruguayas han realizado esfuerzos importantes para integrar los derechos humanos en las políticas públicas, y claramente existe una voluntad política para avanzar en esta área”, dijo Zeid, destacando la adopción de leyes y políticas que apuntan a combatir la discriminación, reducir la pobreza y mejorar los derechos de las mujeres y las personas LGBTI.

El Alto Comisionado señaló que los esfuerzos de Uruguay para mejorar su situación general son reconocidos a nivel nacional e internacional. “Uruguay es un país con un enorme potencial, que se ha atrevido a marcar la diferencia en muchas áreas. Sin embargo, el progreso realizado hasta la fecha no es suficiente: el país puede hacer más para combatir las graves violaciones de los derechos humanos que continúan ocurriendo”, dijo.

“Para hacerlo, Uruguay debe garantizar que las estrategias para responder a sus desafíos más apremiantes se basen firmemente en los derechos humanos, lo que también significa que el gobierno, el Parlamento y especialmente el Poder Judicial, deben defender e implementar las obligaciones del país bajo el derecho internacional de los derechos humanos”.

Durante sus reuniones con autoridades uruguayas y representantes de la sociedad civil, el Alto Comisionado expresó preocupación ante graves problemas de derechos humanos, tales como las denuncias sobre condiciones “deplorables e inhumanas” en muchos centros de detención. “En un país que ha tenido éxito en tantos ámbitos, es difícil entender que las autoridades sigan sin poder abordar las deficiencias de su sistema penitenciario, de larga data”, dijo.

El Alto Comisionado reconoció los pasos que ha dado Uruguay desde 2010 para mejorar las condiciones en sus cárceles, incluyendo a través del Comisionado Parlamentario Penitenciario. También celebró la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigor el próximo mes de noviembre, y expresó su esperanza de que esta nueva regulación ayude a aliviar el sobrecargado sistema penitenciario del país.

Sin embargo, a Zeid le alarmó la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, en particular la excesiva duración de la detención preventiva. Pidió a Uruguay garantizar que los jóvenes infractores sean protegidos de la violencia y la discriminación, y que puedan tener oportunidades reales de reinserción social. “En un país que envejece rápidamente como Uruguay, la sociedad necesita darse cuenta de que la juventud es su esperanza para el futuro”, dijo.

Zeid también pidió a Uruguay hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen adecuadamente. “Uruguay necesita utilizar el encarcelamiento como último recurso, así como implementar más medidas alternativas a la privación de libertad e introducir más programas de rehabilitación”, enfatizó.

El Alto Comisionado señaló asimismo que ” son preocupantes las persistentemente altas tasas de asesinatos de mujeres por motivos de género, cometidos en muchos casos por sus parejas o ex parejas, al igual que las dificultades que enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia para acceder a la justicia”. Zeid también urgió al gobierno a eliminar todas las restricciones y barreras a los servicios de salud reproductiva, incluidos los procedimientos de aborto seguro, que fueron despenalizados en 2012, y la atención post aborto.

Durante su visita, el Alto Comisionado se reunió con el Presidente Tabaré Vázquez y varios ministerios del gobierno, incluyendo la ministra de Desarrollo Social. Zeid saludó medidas recientes como un nuevo sistema nacional integrado de asistencia, la promoción de proyectos de ley como uno sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y la recientemente adoptada ley sobre salud mental.

Sin embargo, se mostró perturbado ante problemas como los altos índices de deserción en el sistema educativo, así como la persistente discriminación contra algunos grupos incluyendo las personas en situación de calle, las y los afrouruguayos y las personas con discapacidad.

“Las autoridades deben abrazar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo que significa no dejar a nadie atrás”, comentó el Alto Comisionado. “Con esto, el país será capaz de afrontar sus mayores desafíos de una manera inclusiva, haciendo que su situación de derechos humanos sea coherente con los estándares de vida de un país moderno como lo es Uruguay”, agregó.

El Alto Comisionado reconoció los intentos del gobierno por abordar la impunidad ante crímenes del pasado cometidos durante la dictadura militar ocurrida en el país del 1973 al 1985, pero subrayó la falta de avances en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Ya han pasado 32 años desde el fin de la dictadura, pero Uruguay aún debe lidiar en forma adecuada con un periodo brutal de su pasado reciente. Esto es esencial para que la sociedad pueda mirar hacia el futuro sin miedo, y el derecho internacional de los derechos humanos también es clave en este cometido”, dijo.

Zeid también instó a las autoridades a investigar amenazas de muerte recibidas por funcionarios, abogados y defensores de derechos humanos involucrados en el procesamiento de casos penales vinculados a graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

El Alto Comisionado reconoció el firme apoyo de Uruguay a los derechos humanos en la escena internacional, incluyendo su trabajo como miembro electo del Consejo de Seguridad sobre paz y seguridad y su compromiso con el Consejo de Derechos Humanos, donde ha sido el principal patrocinador de resoluciones sobre diversos temas.

“Uruguay tiene la oportunidad de ser un modelo a seguir para otros países. Con las considerables fortalezas de Uruguay, y teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales de derechos humanos, estoy convencido de que el país es capaz de superar sus desafíos de derechos humanos más acuciantes, para el beneficio de las personas”, dijo, agregando que su Oficina –incluyendo por medio de su Oficina Regional para América del Sur- está a disposición para apoyar en esta tarea.

Durante su visita, Zeid también participó en el 165° periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo, donde lanzó un plan de acción conjunto con la CIDH para la contribuir a la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. También se reunió con representantes de la sociedad civil de todo el continente.

FIN

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Declaración de la ONU sobre los Derechos de Campesinas y Campesinos

Un paso hacia adelante en el proceso hacia una Declaración de la ONU sobre los Derechos de Campesinas y Campesinos

 por Vía Campesina, FIAN International, CETIM

 

La Vía Campesina, FIAN International y CETIM, así como sus contrapartes, se complacen en anunciar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado por amplia mayoría una nueva resolución sobre los derechos de los campesinos y campesinas. Después de varios años de arduo trabajo, esta es una victoria sin precedentes para la defensa de los derechos de la población rural del mundo.

 

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Ginebra, 3 de octubre 2017 –La resolución sobre los derechos de las campesinas y campesinos fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos con 34 votos a favor, 11 abstenciones y 2 en contra. Esta da al grupo de trabajo el mandato de finalizar la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales”. Gracias a esta decisión esperamos ver la Declaración adoptada por los Estados miembros de la ONU en 2018.

 

Algunos de los derechos incluidos en la Declaración son los siguientes:

 

Derechos a los recursos naturales y el derecho al desarrollo – Los campesinos/campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad y necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizar dichos recursos. Tienen derecho a participar en la gestión de estos recursos y a disfrutar, individualmente o en comunidad con otros, de los beneficios de su desarrollo y conservación en su comunidad.

 

Derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria – Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre. Esto incluye el derecho a producir alimentos y a tener una nutrición adecuada según sus necesidades y particularidades sociales y culturales, lo que garantiza la posibilidad de disfrutar del máximo grado de desarrollo físico, emocional e intelectual. Los titulares de derechos reconocidos por esta declaración tienen derecho a la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos socialmente justos que tengan en cuenta consideraciones ecológicas.

 

Derecho a la tierra y a otros recursos naturales – Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho, individual y colectivamente, a las tierras, las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y los bosques que necesitan para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar para vivir en seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura.

 

Derecho a las semillas – Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a las semillas, en particular: a) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; b) El derecho a participar en la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; c) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; d) El derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas o material de multiplicación conservados en las explotaciones agrícolas.

 

Derecho a la biodiversidad – Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho, a título individual o colectivo, a conservar, mantener y desarrollar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica y los conocimientos conexos, en particular en la agricultura, la pesca y la ganadería. También tienen derecho a mantener sus sistemas tradicionales de agricultura, pastoreo y agroecología de los que dependen su subsistencia y la renovación de la biodiversidad agrícola.

 

Derecho de las mujeres campesinas – La Declaración busca eliminar la discriminación hacia las mujeres campesinas u otras mujeres que trabajan en las zonas rurales, con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el pleno disfrute de sus derechos humanos en condiciones de igualdad y que persigan en condiciones de libertad su desarrollo económico, social y cultural.

 

Las negociaciones continuarán en el 2018 luego de este gran paso. Llamamos a los Estados a participar activamente en el Grupo Intergubernamental de Trabajo para asegurar la pronta adopción de la Declaración. Los campesinos y campesinas, otros sectores del campo y quienes los apoyamos, estaremos observando su participación.

 

Leer el texto de la Declaración sobre los derechos de l@s Campesin@s

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Minga Informativa de Movimientos Sociales
http://movimientos.org/

Suscripciones: http://listas.movimientos.org/listas/subscribe/pasavoz 

 

Jacob (J.) Lumier

Referéndum catalán 2017 y los Derechos Humanos

El gobierno catalán ha programado un referéndum sobre la independencia de la comunidad autónoma para el 1 de octubre.

Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos que son esenciales para las sociedades democráticas, como la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública.

Las medidas bajadas por las autoridades españolas contrarias al referéndum, ya divulgadas en la media internacional, son preocupantes porque parecen violar derechos humanos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española.

Nos preocupa que la retórica que acompaña tales medidas pueda aumentar las tensiones y el malestar social.

Instamos a todas las partes a ejercer la mayor moderación y el contexto pacífico en los próximos días.

Jacob (J.) Lumier (Movimiento Internacional de los Derechos Humanos)

Nivel de seguridad y empoderamiento de los defensores de derechos humanos

 

Nivel de seguridad y empoderamiento de los defensores de derechos humanos en Mexico

 

La impunidad se ha convertido en la causa y el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México.

La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez alimenta el miedo entre la sociedad civil en general, debilitando las aspiraciones generales de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La mejor forma de protección que pueden tener los defensores es cuando se hace justicia y los perpetradores son llamados a rendir cuentas.

Elevados los Niveles de inseguridad y de violencia que enfrentan las personas defensoras en el país, en un complejo contexto marcado por el crimen organizado, la corrupción y la represión estatal.
La situación de los defensores de derechos humanos está condicionada por la criminalización de sus actividades a través del uso indebido y deliberado del derecho penal y la manipulación del poder punitivo, tanto por actores estatales como no estatales, para impedir y hasta evitar las legítimas actividades de los defensores para promover y proteger los derechos humanos.

También es preocupante el uso de arrestos y detenciones arbitrarias como instrumento para silenciar voces disidentes y frenar movimientos sociales. En muchos casos, se criminaliza a quienes defienden derechos humanos por denunciar violaciones cometidas por las autoridades y enfrentan represalias indirectas a través de atentados o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas.

El 98% de los crímenes en México no son resueltos. La tasa ínfima de investigaciones exitosas y de resolución de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos ha generado una sensación de impunidad generalizada.

La falta de investigación y sanción de los agresores envía un peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer tales crímenes. Esto crea un entorno propicio para la repetición de violaciones.

Sólo uniendo esfuerzos México será capaz de superar los obstáculos y riesgos que actualmente enfrentan quienes defienden los derechos humanos, para así protegerlos efectivamente y con ello, la fundamental labor que realizan para una sociedad democrática.

Jota terno 2016_BJacob J. Lumier

Movimiento de los Derechos Humanos
FIN

Divergence on Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights (2009)

Sociólogos sem Fronteiras - Rio de Janeiro
Declared divergence in the Spanish version for Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights.
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Divergence-on-Article-21-of

(I) – There is a very clear discrepancy in item 3. It is perceptible that the Spanish version fragment is intercalated. The formula “…equivalent free voting procedures” ipisis literis mentions “… equivalentes procedimientos de votación libre” and not “…otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

(II) – The original formula “…equivalent free voting procedures” [“… equivalentes procedimientos de votación libre”] considers as its object the act of voting in all its implications and predetermines the voting process protected against all threats to the elector-voter. Together with the proposal of (a) preserving the vote capability/ideal and protecting the choice against any constraint, the …equivalent free voting procedures” [“… equivalentes procedimientos de votación libre”] (b) exclude all constriction able to force elector with penalties, and, therefore, (b1) repel any try of making previous judgment about the exercise of human freedom within the act of voting; (b2) reintegrate the electorate in the commitment of sustaining a democratic regimen.

(III) – (a) By only contemplating the assurance for “la libertad del voto”, the Spanish version restricts the object to the exercise of choice, by proceeding like this, it discrepates from the original form by keeping itself discrete facing the non obligatory or facultative vote and its defense. (b) by preceding “free voting procedures” [“procedimientos de votación libre”] the original formula goes far beyond and, besides protecting in the same rank the assurance for the exercise of choice, it sustains the freedom in the act of voting and, therefore, contemplates the non obligatory or facultative vote and its defense.

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Texts
On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights the full text of which appears in the following pages. Following this historic act the Assembly called upon all Member countries to publicize the text of the Declaration and “to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions, without distinction based on the political status of countries or territories.”

Article 21
(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
Link: http://www.un.org/en/documents/udhr/

Versão em Espanhol
Artículo 21.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Link: http://www.un.org/es/documents/udhr/

Anotações elaboradas em língua portuguesa desde Rio de Janeiro, em 09 de Agosto 2009
Por Jacob (J.) Lumier
Sociólogo
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Anexo
Redação original em Português (corrigida).

Divergência constatada na versão em língua espanhola para o Article 21 da Universal Declaration of Human Rights.
(I) – Há notada discrepância no item 3. É nítida a interpolação na versão espanhola para “…equivalent free voting procedures”. Esta fórmula “…equivalent free voting procedures” ipisis literis menciona “…[equivalentes] procedimientos de votación libre” e não “…otro procedimiento [equivalente] que garantice la libertad del voto”, tal como consta no texto da versão em Espanhol.
(II) – A fórmula original “…equivalent free voting procedures” tem por objeto o ato de votar em todas as suas implicações e preconiza a votação protegida contra toda a ameaça ao eleitor-votante. Juntamente com o propósito de (a) preservar a idoneidade do voto e proteger a escolha contra qualquer constrangimento, os “…equivalent free voting procedures” [“…equivalentes procedimientos de votación libre”] (b) excluem toda a constrição capaz de forçar o eleitor com sanções, e desta forma (b1) repelem toda a tentativa de ajuizar previamente a liberdade humana em exercício no ato de votar; (b2) reintegram o eleitorado no compromisso com a sustentação de um regime democrático.
(III) – (a) Ao contemplar unicamente as garantias para “la libertad del voto”, a versão espanhola restringe o objeto ao exercício da escolha, assim procedendo discrepa da fórmula original na medida em que mantém-se discreta perante o voto não-obrigatório ou facultativo e sua defesa. (b) Ao preceituar “free voting procedures” [“procedimientos de votación libre”] a fórmula original vai mais longe e, ademais de proteger igualmente as garantias para o exercício da escolha, sustenta a liberdade no ato de votar e desta forma contempla o voto não-obrigatório ou facultativo e sua defesa.

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Comment by Jacob (J.) Lumier on August 31, 2009 at 9:08am
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Este Parecer consta como referência no artigo “O Imbróglio do Voto Obrigatório”, publicado no semanário Observatório da Imprensa link:
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=552CID006
Comment by Jacob (J.) Lumier 4 minutes ago
Delete Comment

O link para o mencionado artigo “O Imbróglio do Voto Obrigatório” foi modificado. Veja http://observatoriodaimprensa.com.br/caderno-da-cidadania/o-imbrogl…

Derechos Humanos, Democracia y el Estado de Derecho

Contribución de SSF/RIO en preparación al Fórum de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Democracia y el Estado de Derecho – first session : “Widening the Democratic Space: the role of youth in public decision-making”.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Democracy/Pages/ForumDemocracy.aspx

 

First session of the Forum on Human Rights, Democracy and the Rule of Law – OHCHR

Observações sugeridas por Jacob J. Lumier

Link: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Democracy/Forum2016/JacobLumier.pdf

El ideal histórico de la movilización en Brasil

Sociólogos sem Fronteiras - Rio de JaneiroDivulgada en la media internacional, la reciente movilización del día 04 de ese mes de diciembre en Brasil, contra la corrupción, parece no tener muy claro la cuestión digna de un gran clamor colectivo.

Combatir la corrupción es una voluntad jurídica muy positiva para el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de las instituciones, dignifica una sociedad, y debe tener todo el respaldo de los ciudadanos. Además de los importantes perjuicios que impone a la economía, la corrupción solapa los programas sociales de los derechos humanos, destruye la transparencia en la administración, usurpa el derecho a la información y desvirtúa la participación.

Pero la movilización de las personas no debería orientarse para afrontar las instituciones parlamentares, como parece haber ocurrido. El ideal histórico de perfeccionamiento de la democracia pasa en la cuestión de la reforma del regime electoral, que es la instancia donde el ciudadano tiene la última palabra.  No hay dudas de que la fuente de los desvíos de los representantes parlamentares es el voto obligatorio bajo puniciones, heredado de la dictadura (1964 – 1985), que desclasifica los electores como virtuales desertores y engañadores del fisco [i].

Al envés de afrontar las instituciones parlamentares, las cuales dependen de su voto, la reciente movilización en Brasil debería clamar por el voto no obligatorio en las elecciones, y así proteger la libertad de expresión, fortalecer los derechos humanos internacionalmente pactados por Brasil, defender la ciudadanía y la democracia.

06 de diciembre 2016

Jacob (J.) Lumier

 

[i] Ver Lumier, Jacob (J.): “A Democracia Eleitoral no Brasil”, Madrid, Bubok publishing, 2014, 98 págs. Link: http://www.bubok.es/libros/231051/A-Democracia-Eleitoral-no-Brasil