México: regular las operaciones de las fuerzas armadas en seguridad interna no es la respuesta.

GINEBRA / CIUDAD DE MÉXICO (5 de diciembre de 2017) – La legislación propuesta en México que consagraría el papel de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley es profundamente preocupante, dijo el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“Reconozco plenamente que México enfrenta un gran desafío de seguridad, dada la violencia y el miedo sembrado por poderosos grupos del crimen organizado. Pero más de una década después del despliegue de las fuerzas armadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y muchas violaciones y abusos contra los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas, continúan siendo cometidos por varios Estados y no “Agentes estatales”, dijo Zeid.

La Ley de Seguridad Interna fue aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y ahora ha sido remitida para su debate y aprobación en el Senado.

Zeid recordó que, durante su visita a México en 2015, las autoridades dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable dada la debilidad de las diversas fuerzas policiales, y le habían asegurado su compromiso de reemplazar gradualmente las fuerzas armadas con una fuerza más fuerte, una fuerza policial mejor preparada, tanto a nivel estatal federal como individual. El proyecto de ley actual no se refiere en detalle a la necesidad de fortalecer las instituciones policiales ni contiene una estrategia de salida para terminar gradualmente con el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley.

“Adoptar un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en seguridad interna no es la respuesta. El actual proyecto de ley corre el riesgo de debilitar los incentivos para que las autoridades civiles asuman plenamente sus funciones de aplicación de la ley “, dijo el Alto Comisionado.

El proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, contiene elementos preocupantes y permitirá que las autoridades civiles estén bajo el mando de las fuerzas armadas en algunas circunstancias. La autorización de la participación de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley no va acompañada de controles y supervisión adecuados, y la legislación no contiene garantías adecuadas, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilícito, arbitrario o excesivo de la fuerza.

 

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France: sauvegardes au droit à la vie privée

Genève / Paris (17 novembre 2017) M. Joseph Cannataci, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la vie privée, s’est rendu à Paris pour une visite officielle du 13 au 17 novembre 2017. Lors de cette visite, le Rapporteur spécial a pu constater les innovations de la France en matière de contrôles et d’autorisations touchant aux mesures intrusives dans la vie privée, tant sur le territoire national que concernant la surveillance internationale, appliquant ainsi un droit à la vie privée universel.

Cette visite a été orientée autour des cinq priorités du Rapporteur spécial : la surveillance et la sureté ; une meilleure compréhension du droit à la vie privée ; les données personnelles dans les grandes sociétés ; les méga-données (« big data ») et les données ouvertes (« open data ») ; et enfin, les données relatives à la santé.
(…)

Au cours de ses rencontres, le Rapporteur spécial a pu constater que la France a été innovatrice en insérant des sauvegardes relatives au droit à la vie privée qui n’existaient pas auparavant. Un système d’autorisations a priori ou de jure ou de facto a été mis en place tant au niveau national qu’international (en ce qui concerne les techniques de surveillance en France et à l’extérieur du territoire) ce qui améliore le respect du droit universel à la vie privée. En effet, les autorités françaises ont mis en place un système s’assurant du respect du droit à la vie privée comprenant des organes de contrôle, tels que la CNIL, la CNCTR ou encore la Formation spécialisée de juges au sein du Conseil d’Etat, dont l’ensemble constitue un véritable « écosystème » du contrôle et permet ainsi de réguler tout question touchant à la vie privée et aux données personnelles.

 

La France, en tant qu’Etat au sein de l’Union européenne, se doit de respecter le cadre juridique établi depuis 1981 (via la Convention 108 du Conseil de l’Europe et la Directive 46 de 1995 révisée par le Règlement sur la protection des données qui entrera en vigueur le 25 mai 2018 ainsi que via le « paquet RGPD »). Les principes établis par ces régulations sont d’ailleurs parfaitement en accord avec l’article 12 de la Déclaration des Droits de l’homme et avec l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, la France est un des premiers pays ayant établi une loi générale (du 6 janvier 1978) qui couvre les secteurs publics et privés et qui a même inspiré les régulations européennes. C’est donc sans surprise qu’après quatre décennies d’évolution, la France a créé cet écosystème qui vient d’être complété par des mesures législatives supplémentaires dans le domaine de la sécurité.

 

(…)

Tecle aquí y vea el documento completo del relator en el website de OHCHR

 

Las violaciones de derechos humanos relacionados con la actividad empresarial

Cómo pueden las empresas convertirse en una fuerza de cambio positiva en la lucha contra los abusos de derechos humanos

Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos
27-29 de noviembre, Palais des Nations, Geneva

GINEBRA (15 de noviembre de 2017) – Representantes de las empresas más importantes del mundo se reunirán con representantes del gobierno, grupos de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos durante un foro de la ONU en Ginebra del 27 al 29 de noviembre para discutir modos de avanzar en el respeto de los derechos humanos y la garantía de justicia para las víctimas en el contexto corporativo.

Más de 2.000 participantes de unos 130 países asistirán al Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, incluyendo prominentes líderes de opinión y altos ejecutivos de empresas posicionadas en la lista 500 de Forbes.

“El foro de las Naciones Unidas presenta una oportunidad única a todas las partes para unirse y encontrar soluciones prácticas con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos en las cadenas mundiales de suministro así como aunar esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible”, dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein.

El foro se centrará en las lecciones que pueden ser aprendidas a partir de casos donde las cosas han ido mal y donde las operaciones comerciales han causado o contribuido a abusos de derechos humanos. Esto incluirá las experiencias de las víctimas en su búsqueda de acceso a un recurso efectivo.

“Un diálogo en torno al acceso a un recurso efectivo para violaciones de derechos humanos relacionados con la actividad empresarial no es fácil, pero sí de importancia fundamental hoy en día. Saludamos el compromiso mostrado por un número creciente de Estados y empresas en la implementación de sus respectivos deberes y responsabilidades en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, pero hay mucho más que hacer,” dijo Surya Deva, Presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Durante tres días y con un programa de más de 60 sesiones temáticas, el foro se centrará en las tendencias actuales, oportunidades y desafíos con respecto a las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos. Además del acceso a la justicia, los temas incluyen:

®      Liderazgo femenino en la conducta empresarial responsable, contando con voces de mujeres líderes de gobierno, empresas y sociedad civil;
®      Cómo se están enfrentando las empresas a la xenofobia y la discriminación;
®      Cómo proteger los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas;
®      Cómo defender a los defensores de los derechos humanos;
®      Cómo las nuevas tecnologías plantean nuevas amenazas, pero también abren nuevas oportunidades hacia la protección de los derechos humanos en las cadenas de suministro mundiales;
®      Cómo están los gobiernos tomando medidas para luchar contra la esclavitud moderna en las cadenas de suministro a través de nuevas regulaciones;
®      Cómo están los inversionistas tomando acciones contra el trabajo infantil en las cadenas de suministro;
®      Cómo los rankings del desempeño de derechos humanos en las empresas están poniendo el respeto corporativo por los derechos humanos en la agenda corporativa;
®      Cómo están los bancos comenzando a vincular los riesgos y abusos de los derechos humanos con sus servicios de préstamos y financieros; y
®      Cómo incorporar los derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El foro está abierto a los medios de comunicación. Será posible coordinar entrevistas con los participantes del foro, quienes podrán compartir sus puntos de vista sobre casos concretos, nuevos desarrollos, así como por qué cada vez más las empresas ven el respeto de los derechos humanos como lo que debe hacerse

Para conocer más sobre el programa así como sobre los ponentes, empresas y organizaciones participantes, haga clic aquí.

FIN

CONTEXTO:
El Foro anual de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos tiene como objetivo promover el respeto los derechos humanos en contexto relacionado a las empresas y hacer un balance del progreso en la implementación de los  Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos humanos . Los Principios Rectores proporciona el primer marco global autoritario sobre la responsabilidad de respetar los derechos humanos en materia relacionada a empresas, y se han integrado en un número de otros estándares, tales como la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y política social (Declaración EMN) de la OIT y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

El foro fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos y es guiado y presidido por el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. Aprende más
http://www.ohchr.org/en/issues/Business/pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
Reproducido por Jacob J. Lumier (Movimiento Internacional de los Derechos Humanos)

Brasil_Portaria ministerial 1129 – definição de escravidão contemporânea

GENEBRA (8 de novembro de 2017) – Especialistas em direitos humanos das Nações Unidas pediram hoje ao governo do Brasil que adote ações urgentes para pôr termo a medidas que possam reduzir a proteção das pessoas contra a escravidão moderna e debilitar os regulamentos corporativos.

“O Brasil tem muitas vezes desempenhado um papel de liderança na luta contra a escravidão moderna, por isso é surpreendente e decepcionante ver medidas que poderiam fazer o país perder terreno nesta frente”, disseram os especialistas em uma declaração conjunta.

A Relatora Especial da ONU sobre a escravidão contemporânea, Urmila Bhoola, disse que uma série de desenvolvimentos estão causando preocupação, incluindo a portaria ministerial 1129, que limita a definição de escravidão contemporânea e pode reduzir o número de vítimas detectadas.

“Esta portaria coloca o Brasil em risco de dar um passo atrás na forma como regula os negócios”, disse a Sra. Bhoola. “É essencial que o Brasil tome ações decisivas agora para evitar o debilitamento das medidas anti-escravidão que foram implementadas na última década e que, por sua vez, enfraqueceriam a proteção das populações pobres e excluídas que são vulneráveis à escravidão”.

Surya Deva, que preside o Grupo de Trabalho da ONU sobre direitos humanos e corporações transnacionais e outras empresas comerciais, também expressou preocupação de que a portaria Ministerial coloque o país de volta na batalha contra a escravidão contemporânea.

“No relatório sobre a nossa visita ao Brasil, apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em junho de 2016, o Grupo de Trabalho reconheceu iniciativas positivas para combater a escravidão moderna, como a chamada ‘lista suja’ que publicava informações sobre empregadores flagrados usando trabalho escravo, mas também advertiu sobre outra iniciativa que enfraquece a definição de trabalho escravo (projeto de lei do Senado nº 413/2013)”, disse o Sr. Deva.

“Também estamos preocupados com outras ações, incluindo cortes orçamentários para inspeções do trabalho, que desempenham um papel fundamental na detecção de vítimas e na erradicação da escravidão”.

Os especialistas reconheceram como positiva a notícia de que o Supremo Tribunal Federal ordenou a suspensão temporária da portaria ministerial, e solicitaram que o governo reverta o portaria permanentemente.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22371&LangID=E

FIM

América del Sur y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Uruguay:

Zeid reconoce avances en derechos humanos pero pide más esfuerzos para abordar violaciones

GINEBRA / MONTEVIDEO (27 de octubre de 2017) – El compromiso de Uruguay con los derechos humanos en nivel interno e internacional es claro, pero el país debe hacer frente a una serie de desafíos como las condiciones carcelarias “inhumanas”, la generalizada violencia contra las mujeres y la persistente impunidad por violaciones cometidas durante la dictadura militar, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al final de una visita de dos días al país.

“Las autoridades uruguayas han realizado esfuerzos importantes para integrar los derechos humanos en las políticas públicas, y claramente existe una voluntad política para avanzar en esta área”, dijo Zeid, destacando la adopción de leyes y políticas que apuntan a combatir la discriminación, reducir la pobreza y mejorar los derechos de las mujeres y las personas LGBTI.

El Alto Comisionado señaló que los esfuerzos de Uruguay para mejorar su situación general son reconocidos a nivel nacional e internacional. “Uruguay es un país con un enorme potencial, que se ha atrevido a marcar la diferencia en muchas áreas. Sin embargo, el progreso realizado hasta la fecha no es suficiente: el país puede hacer más para combatir las graves violaciones de los derechos humanos que continúan ocurriendo”, dijo.

“Para hacerlo, Uruguay debe garantizar que las estrategias para responder a sus desafíos más apremiantes se basen firmemente en los derechos humanos, lo que también significa que el gobierno, el Parlamento y especialmente el Poder Judicial, deben defender e implementar las obligaciones del país bajo el derecho internacional de los derechos humanos”.

Durante sus reuniones con autoridades uruguayas y representantes de la sociedad civil, el Alto Comisionado expresó preocupación ante graves problemas de derechos humanos, tales como las denuncias sobre condiciones “deplorables e inhumanas” en muchos centros de detención. “En un país que ha tenido éxito en tantos ámbitos, es difícil entender que las autoridades sigan sin poder abordar las deficiencias de su sistema penitenciario, de larga data”, dijo.

El Alto Comisionado reconoció los pasos que ha dado Uruguay desde 2010 para mejorar las condiciones en sus cárceles, incluyendo a través del Comisionado Parlamentario Penitenciario. También celebró la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigor el próximo mes de noviembre, y expresó su esperanza de que esta nueva regulación ayude a aliviar el sobrecargado sistema penitenciario del país.

Sin embargo, a Zeid le alarmó la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, en particular la excesiva duración de la detención preventiva. Pidió a Uruguay garantizar que los jóvenes infractores sean protegidos de la violencia y la discriminación, y que puedan tener oportunidades reales de reinserción social. “En un país que envejece rápidamente como Uruguay, la sociedad necesita darse cuenta de que la juventud es su esperanza para el futuro”, dijo.

Zeid también pidió a Uruguay hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen adecuadamente. “Uruguay necesita utilizar el encarcelamiento como último recurso, así como implementar más medidas alternativas a la privación de libertad e introducir más programas de rehabilitación”, enfatizó.

El Alto Comisionado señaló asimismo que ” son preocupantes las persistentemente altas tasas de asesinatos de mujeres por motivos de género, cometidos en muchos casos por sus parejas o ex parejas, al igual que las dificultades que enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia para acceder a la justicia”. Zeid también urgió al gobierno a eliminar todas las restricciones y barreras a los servicios de salud reproductiva, incluidos los procedimientos de aborto seguro, que fueron despenalizados en 2012, y la atención post aborto.

Durante su visita, el Alto Comisionado se reunió con el Presidente Tabaré Vázquez y varios ministerios del gobierno, incluyendo la ministra de Desarrollo Social. Zeid saludó medidas recientes como un nuevo sistema nacional integrado de asistencia, la promoción de proyectos de ley como uno sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y la recientemente adoptada ley sobre salud mental.

Sin embargo, se mostró perturbado ante problemas como los altos índices de deserción en el sistema educativo, así como la persistente discriminación contra algunos grupos incluyendo las personas en situación de calle, las y los afrouruguayos y las personas con discapacidad.

“Las autoridades deben abrazar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo que significa no dejar a nadie atrás”, comentó el Alto Comisionado. “Con esto, el país será capaz de afrontar sus mayores desafíos de una manera inclusiva, haciendo que su situación de derechos humanos sea coherente con los estándares de vida de un país moderno como lo es Uruguay”, agregó.

El Alto Comisionado reconoció los intentos del gobierno por abordar la impunidad ante crímenes del pasado cometidos durante la dictadura militar ocurrida en el país del 1973 al 1985, pero subrayó la falta de avances en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Ya han pasado 32 años desde el fin de la dictadura, pero Uruguay aún debe lidiar en forma adecuada con un periodo brutal de su pasado reciente. Esto es esencial para que la sociedad pueda mirar hacia el futuro sin miedo, y el derecho internacional de los derechos humanos también es clave en este cometido”, dijo.

Zeid también instó a las autoridades a investigar amenazas de muerte recibidas por funcionarios, abogados y defensores de derechos humanos involucrados en el procesamiento de casos penales vinculados a graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

El Alto Comisionado reconoció el firme apoyo de Uruguay a los derechos humanos en la escena internacional, incluyendo su trabajo como miembro electo del Consejo de Seguridad sobre paz y seguridad y su compromiso con el Consejo de Derechos Humanos, donde ha sido el principal patrocinador de resoluciones sobre diversos temas.

“Uruguay tiene la oportunidad de ser un modelo a seguir para otros países. Con las considerables fortalezas de Uruguay, y teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales de derechos humanos, estoy convencido de que el país es capaz de superar sus desafíos de derechos humanos más acuciantes, para el beneficio de las personas”, dijo, agregando que su Oficina –incluyendo por medio de su Oficina Regional para América del Sur- está a disposición para apoyar en esta tarea.

Durante su visita, Zeid también participó en el 165° periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo, donde lanzó un plan de acción conjunto con la CIDH para la contribuir a la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. También se reunió con representantes de la sociedad civil de todo el continente.

FIN

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Declaración de la ONU sobre los Derechos de Campesinas y Campesinos

Un paso hacia adelante en el proceso hacia una Declaración de la ONU sobre los Derechos de Campesinas y Campesinos

 por Vía Campesina, FIAN International, CETIM

 

La Vía Campesina, FIAN International y CETIM, así como sus contrapartes, se complacen en anunciar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado por amplia mayoría una nueva resolución sobre los derechos de los campesinos y campesinas. Después de varios años de arduo trabajo, esta es una victoria sin precedentes para la defensa de los derechos de la población rural del mundo.

 

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Ginebra, 3 de octubre 2017 –La resolución sobre los derechos de las campesinas y campesinos fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos con 34 votos a favor, 11 abstenciones y 2 en contra. Esta da al grupo de trabajo el mandato de finalizar la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales”. Gracias a esta decisión esperamos ver la Declaración adoptada por los Estados miembros de la ONU en 2018.

 

Algunos de los derechos incluidos en la Declaración son los siguientes:

 

Derechos a los recursos naturales y el derecho al desarrollo – Los campesinos/campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad y necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizar dichos recursos. Tienen derecho a participar en la gestión de estos recursos y a disfrutar, individualmente o en comunidad con otros, de los beneficios de su desarrollo y conservación en su comunidad.

 

Derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria – Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre. Esto incluye el derecho a producir alimentos y a tener una nutrición adecuada según sus necesidades y particularidades sociales y culturales, lo que garantiza la posibilidad de disfrutar del máximo grado de desarrollo físico, emocional e intelectual. Los titulares de derechos reconocidos por esta declaración tienen derecho a la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos socialmente justos que tengan en cuenta consideraciones ecológicas.

 

Derecho a la tierra y a otros recursos naturales – Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho, individual y colectivamente, a las tierras, las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y los bosques que necesitan para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar para vivir en seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura.

 

Derecho a las semillas – Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a las semillas, en particular: a) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; b) El derecho a participar en la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; c) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; d) El derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas o material de multiplicación conservados en las explotaciones agrícolas.

 

Derecho a la biodiversidad – Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho, a título individual o colectivo, a conservar, mantener y desarrollar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica y los conocimientos conexos, en particular en la agricultura, la pesca y la ganadería. También tienen derecho a mantener sus sistemas tradicionales de agricultura, pastoreo y agroecología de los que dependen su subsistencia y la renovación de la biodiversidad agrícola.

 

Derecho de las mujeres campesinas – La Declaración busca eliminar la discriminación hacia las mujeres campesinas u otras mujeres que trabajan en las zonas rurales, con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el pleno disfrute de sus derechos humanos en condiciones de igualdad y que persigan en condiciones de libertad su desarrollo económico, social y cultural.

 

Las negociaciones continuarán en el 2018 luego de este gran paso. Llamamos a los Estados a participar activamente en el Grupo Intergubernamental de Trabajo para asegurar la pronta adopción de la Declaración. Los campesinos y campesinas, otros sectores del campo y quienes los apoyamos, estaremos observando su participación.

 

Leer el texto de la Declaración sobre los derechos de l@s Campesin@s

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Minga Informativa de Movimientos Sociales
http://movimientos.org/

Suscripciones: http://listas.movimientos.org/listas/subscribe/pasavoz 

 

Jacob (J.) Lumier

Combate ao crime e promoção dos direitos humanos.

Destaques do Portal G1 da Globo sobre a orientação atual da Procuradora Geral da República de Brasil, que contemplam os direitos humanos

 

(…) Em discurso na investidura dos novos membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP – 25/09/2017) a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu  uma atuação do Ministério Público que venha reforçar a confiança na democracia e nas instituições de Justiça. Disse que, para o Ministério Público, o combate ao crime deve ter a mesma importância que a promoção dos direitos humanos.

“O Ministério Público, instituído pela Constituição de 1988, tem a obrigação de exercer com igual ênfase a função criminal e a defesa de direitos humanos. Deve priorizar a atuação de seus membros na medida adequada a resolver problemas graves que inibem o bom desenvolvimento humano”, afirmou.

No discurso, Dodge deu exemplos de problemas atuais a serem enfrentados pelos promotores e procuradores. Chamou a atenção para a “grande desigualdade social”, violência urbana e rural com “níveis inaceitáveis”, assassinato de “muitos” jornalistas e profissionais da imprensa, serviços públicos “precários”, sobretudo nas escolas e hospitais públicos e devastação de florestas e “desastres dolorosos”, como o de Mariana.

“Em todos os lugares do Brasil e em temas muito diferentes há muito trabalho para o Ministério Público. Os desafios são muitos. Estou certa que os problemas serão encarados com seriedade e que cada membro do MP está pronto e motivado pra exercer todas suas atribuições. O CNMP estará ao lado deles”, disse.

Selecionado e reproduzido por Jacob J. Lumier, do movimento internacional dos direitos humanos

 

Tecle aqui e veja a matéria completa no site do Portal G1