México: regular las operaciones de las fuerzas armadas en seguridad interna no es la respuesta.

GINEBRA / CIUDAD DE MÉXICO (5 de diciembre de 2017) – La legislación propuesta en México que consagraría el papel de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley es profundamente preocupante, dijo el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“Reconozco plenamente que México enfrenta un gran desafío de seguridad, dada la violencia y el miedo sembrado por poderosos grupos del crimen organizado. Pero más de una década después del despliegue de las fuerzas armadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y muchas violaciones y abusos contra los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas, continúan siendo cometidos por varios Estados y no “Agentes estatales”, dijo Zeid.

La Ley de Seguridad Interna fue aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y ahora ha sido remitida para su debate y aprobación en el Senado.

Zeid recordó que, durante su visita a México en 2015, las autoridades dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable dada la debilidad de las diversas fuerzas policiales, y le habían asegurado su compromiso de reemplazar gradualmente las fuerzas armadas con una fuerza más fuerte, una fuerza policial mejor preparada, tanto a nivel estatal federal como individual. El proyecto de ley actual no se refiere en detalle a la necesidad de fortalecer las instituciones policiales ni contiene una estrategia de salida para terminar gradualmente con el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley.

“Adoptar un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en seguridad interna no es la respuesta. El actual proyecto de ley corre el riesgo de debilitar los incentivos para que las autoridades civiles asuman plenamente sus funciones de aplicación de la ley “, dijo el Alto Comisionado.

El proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, contiene elementos preocupantes y permitirá que las autoridades civiles estén bajo el mando de las fuerzas armadas en algunas circunstancias. La autorización de la participación de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley no va acompañada de controles y supervisión adecuados, y la legislación no contiene garantías adecuadas, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilícito, arbitrario o excesivo de la fuerza.

 

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América del Sur y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Uruguay:

Zeid reconoce avances en derechos humanos pero pide más esfuerzos para abordar violaciones

GINEBRA / MONTEVIDEO (27 de octubre de 2017) – El compromiso de Uruguay con los derechos humanos en nivel interno e internacional es claro, pero el país debe hacer frente a una serie de desafíos como las condiciones carcelarias “inhumanas”, la generalizada violencia contra las mujeres y la persistente impunidad por violaciones cometidas durante la dictadura militar, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al final de una visita de dos días al país.

“Las autoridades uruguayas han realizado esfuerzos importantes para integrar los derechos humanos en las políticas públicas, y claramente existe una voluntad política para avanzar en esta área”, dijo Zeid, destacando la adopción de leyes y políticas que apuntan a combatir la discriminación, reducir la pobreza y mejorar los derechos de las mujeres y las personas LGBTI.

El Alto Comisionado señaló que los esfuerzos de Uruguay para mejorar su situación general son reconocidos a nivel nacional e internacional. “Uruguay es un país con un enorme potencial, que se ha atrevido a marcar la diferencia en muchas áreas. Sin embargo, el progreso realizado hasta la fecha no es suficiente: el país puede hacer más para combatir las graves violaciones de los derechos humanos que continúan ocurriendo”, dijo.

“Para hacerlo, Uruguay debe garantizar que las estrategias para responder a sus desafíos más apremiantes se basen firmemente en los derechos humanos, lo que también significa que el gobierno, el Parlamento y especialmente el Poder Judicial, deben defender e implementar las obligaciones del país bajo el derecho internacional de los derechos humanos”.

Durante sus reuniones con autoridades uruguayas y representantes de la sociedad civil, el Alto Comisionado expresó preocupación ante graves problemas de derechos humanos, tales como las denuncias sobre condiciones “deplorables e inhumanas” en muchos centros de detención. “En un país que ha tenido éxito en tantos ámbitos, es difícil entender que las autoridades sigan sin poder abordar las deficiencias de su sistema penitenciario, de larga data”, dijo.

El Alto Comisionado reconoció los pasos que ha dado Uruguay desde 2010 para mejorar las condiciones en sus cárceles, incluyendo a través del Comisionado Parlamentario Penitenciario. También celebró la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigor el próximo mes de noviembre, y expresó su esperanza de que esta nueva regulación ayude a aliviar el sobrecargado sistema penitenciario del país.

Sin embargo, a Zeid le alarmó la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, en particular la excesiva duración de la detención preventiva. Pidió a Uruguay garantizar que los jóvenes infractores sean protegidos de la violencia y la discriminación, y que puedan tener oportunidades reales de reinserción social. “En un país que envejece rápidamente como Uruguay, la sociedad necesita darse cuenta de que la juventud es su esperanza para el futuro”, dijo.

Zeid también pidió a Uruguay hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen adecuadamente. “Uruguay necesita utilizar el encarcelamiento como último recurso, así como implementar más medidas alternativas a la privación de libertad e introducir más programas de rehabilitación”, enfatizó.

El Alto Comisionado señaló asimismo que ” son preocupantes las persistentemente altas tasas de asesinatos de mujeres por motivos de género, cometidos en muchos casos por sus parejas o ex parejas, al igual que las dificultades que enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia para acceder a la justicia”. Zeid también urgió al gobierno a eliminar todas las restricciones y barreras a los servicios de salud reproductiva, incluidos los procedimientos de aborto seguro, que fueron despenalizados en 2012, y la atención post aborto.

Durante su visita, el Alto Comisionado se reunió con el Presidente Tabaré Vázquez y varios ministerios del gobierno, incluyendo la ministra de Desarrollo Social. Zeid saludó medidas recientes como un nuevo sistema nacional integrado de asistencia, la promoción de proyectos de ley como uno sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y la recientemente adoptada ley sobre salud mental.

Sin embargo, se mostró perturbado ante problemas como los altos índices de deserción en el sistema educativo, así como la persistente discriminación contra algunos grupos incluyendo las personas en situación de calle, las y los afrouruguayos y las personas con discapacidad.

“Las autoridades deben abrazar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo que significa no dejar a nadie atrás”, comentó el Alto Comisionado. “Con esto, el país será capaz de afrontar sus mayores desafíos de una manera inclusiva, haciendo que su situación de derechos humanos sea coherente con los estándares de vida de un país moderno como lo es Uruguay”, agregó.

El Alto Comisionado reconoció los intentos del gobierno por abordar la impunidad ante crímenes del pasado cometidos durante la dictadura militar ocurrida en el país del 1973 al 1985, pero subrayó la falta de avances en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Ya han pasado 32 años desde el fin de la dictadura, pero Uruguay aún debe lidiar en forma adecuada con un periodo brutal de su pasado reciente. Esto es esencial para que la sociedad pueda mirar hacia el futuro sin miedo, y el derecho internacional de los derechos humanos también es clave en este cometido”, dijo.

Zeid también instó a las autoridades a investigar amenazas de muerte recibidas por funcionarios, abogados y defensores de derechos humanos involucrados en el procesamiento de casos penales vinculados a graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

El Alto Comisionado reconoció el firme apoyo de Uruguay a los derechos humanos en la escena internacional, incluyendo su trabajo como miembro electo del Consejo de Seguridad sobre paz y seguridad y su compromiso con el Consejo de Derechos Humanos, donde ha sido el principal patrocinador de resoluciones sobre diversos temas.

“Uruguay tiene la oportunidad de ser un modelo a seguir para otros países. Con las considerables fortalezas de Uruguay, y teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales de derechos humanos, estoy convencido de que el país es capaz de superar sus desafíos de derechos humanos más acuciantes, para el beneficio de las personas”, dijo, agregando que su Oficina –incluyendo por medio de su Oficina Regional para América del Sur- está a disposición para apoyar en esta tarea.

Durante su visita, Zeid también participó en el 165° periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo, donde lanzó un plan de acción conjunto con la CIDH para la contribuir a la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. También se reunió con representantes de la sociedad civil de todo el continente.

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Os Direitos Humanos na América do Sul

Parece que as redes sociais são mais atentas do que a grande imprensa quando se trata de direitos humanos. A visita, em América do Sul, do Embaixador Zeid, diplomata chefe dos Direitos Humanos das Nações Unidas, já é notícia há algum tempo nas redes, mas não repercutiu ainda na grande mídia, como deveria ter sido destaque.

O fato de que o espectro do sistema penitenciário no Brasil tenha sido desvendado pelas grandes entidades dos advogados nos Estado Unidos não deve ser motivo para evitar pôr em relevo a presença do Embaixador Zeid, em Peru e Uruguai, ao longo desta semana [23 / 27], ainda que isso venha a fortalecer e trazer mais luz para os defensores latino americanos dos direitos humanos.

Como sabem, o avanço dos Direitos Humanos é fator de incentivo para a economia, já que revela a boa disposição dos Estados em observar os tratados e cumprir o direito internacional dos direitos humanos, e, com isso, dar maior transparência ao seu compromisso com o direito do desenvolvimento e o aperfeiçoamento da democracia.

É certo que um vento retrógrado está fustigando a mentalidade dos direitos humanos, e algumas personalidades internacionais do primeiro mundo promovem sua ascensão eleitoral em detrimento da ideia de equidade, e contra a orientação histórica de seus Estados, identificados com a Declaração Universal de 1948.

Sem embargo, a luta contra o xenofobismo e o preconceito racial, que desafia os direitos humanos em escala global, passa pela defesa dos povos e etnias latino americanos, em especial, para reduzir as desigualdades sociais. Os Estados são interessados em assegurar que os defensores dos direitos humanos sejam prestigiados, tenham o apoio e a boa atenção necessários para enfrentar as questões complexas que desafiam a sociedade civil independente e a agenda universal de direitos humanos.

A grande imprensa e a mídia em geral encontram na visita do Embaixador Zeid uma oportunidade para dar mais força às suas iniciativas propositivas, como a divulgação de reportagens críticas e documentários esclarecedores, que motivam o desempenho da ideia de equidade. As novas gerações devem ter a chance de não esquecer que é catastrófico o mundo fora dos direitos humanos, suas conquistas e realizações.

fim

Jacob (J.) Lumier,  Movimento Internacional dos Direitos Humanos

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visitará Perú y Uruguay (23-27 oct)

20 de octubre, 2017

GINEBRA (20 de octubre de 2017) – El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, visitará Perú y Uruguay la próxima semana para discutir sobre los principales avances y desafíos de derechos humanos en estos países. Durante su visita, también lanzará un plan de acción conjunto entre su Oficina y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas.

Zeid estará en Perú los días 23 y 24 de octubre, por invitación del gobierno, para llevar a cabo la primera visita de un Alto Comisionado para los Derechos Humanos al país. Se reunirá con altas autoridades, incluyendo el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, la presidenta del Consejo de Ministros y varios integrantes del gabinete Ministerial, así como con los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema. El Alto Comisionado también sostendrá encuentros con representantes de la sociedad civil y líderes del sector empresarial.

La visita del Alto Comisionado a Uruguay, del 25 al 27 de octubre –también a invitación del gobierno-, incluye reuniones con el Presidente Tabaré Vázquez, varios ministros del gabinete, los presidentes del Congreso y del Poder Judicial, así como con representantes de la sociedad civil.

El 25 de octubre, en el marco el 165° periodo de sesiones ordinario de la CIDH, Zeid y el presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren Praeli, lanzarán el Mecanismo de Acciones Conjuntas para Contribuir a la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas, en un evento público en el Palacio Santos (Avenida 18 de Julio 1777) en Montevideo. El Alto Comisionado también tendrá un diálogo con organizaciones de la sociedad civil del continente americano.

FIN

http://acnudh.org/alto-comisionado-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-visitara-peru-23-24-de-octubre-y-uruguay-25-27-de-octubre/

Venezuela ante los Derechos Humanos

Reproduzco aquí el posicionamiento actual de los derechos humanos sobre Venezuela.

 

GINEBRA (1 de agosto 2017) – Me preocupa profundamente que los  líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma hayan sido nuevamente puesto bajo custodia de las autoridades venezolanas tras la revocación de su arresto domiciliario. Insto al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión.

 

Lamento además que al menos 10 personas hayan muerto en Venezuela durante el fin de semana en medio de manifestaciones por las elecciones de la Asamblea Constituyente. Las investigaciones para esclarecer estas muertes deben ser llevadas a cabo de manera rápida, eficaz e independiente, con la plena cooperación del Gobierno.

 

Insto a las autoridades a no exacerbar una situación ya extremadamente volátil con el uso de fuerza excesiva, ni con allanamientos arbitrarios y violentos a residencias por parte de las fuerzas de seguridad en varias partes del país.

 

Hago un llamado urgente a todas las partes a abstenerse del uso de la violencia.

 

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera que las detenciones de López y Ledezma son arbitrarias. Las opiniones del Grupo de Trabajo sobre estos casos se pueden encontrar aquí:

 

Lopez: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WGAD/2014/26&Lang=S

 

Ledezma: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WGAD/2015/27&Lang=S

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Nivel de seguridad y empoderamiento de los defensores de derechos humanos

 

Nivel de seguridad y empoderamiento de los defensores de derechos humanos en Mexico

 

La impunidad se ha convertido en la causa y el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México.

La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez alimenta el miedo entre la sociedad civil en general, debilitando las aspiraciones generales de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La mejor forma de protección que pueden tener los defensores es cuando se hace justicia y los perpetradores son llamados a rendir cuentas.

Elevados los Niveles de inseguridad y de violencia que enfrentan las personas defensoras en el país, en un complejo contexto marcado por el crimen organizado, la corrupción y la represión estatal.
La situación de los defensores de derechos humanos está condicionada por la criminalización de sus actividades a través del uso indebido y deliberado del derecho penal y la manipulación del poder punitivo, tanto por actores estatales como no estatales, para impedir y hasta evitar las legítimas actividades de los defensores para promover y proteger los derechos humanos.

También es preocupante el uso de arrestos y detenciones arbitrarias como instrumento para silenciar voces disidentes y frenar movimientos sociales. En muchos casos, se criminaliza a quienes defienden derechos humanos por denunciar violaciones cometidas por las autoridades y enfrentan represalias indirectas a través de atentados o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas.

El 98% de los crímenes en México no son resueltos. La tasa ínfima de investigaciones exitosas y de resolución de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos ha generado una sensación de impunidad generalizada.

La falta de investigación y sanción de los agresores envía un peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer tales crímenes. Esto crea un entorno propicio para la repetición de violaciones.

Sólo uniendo esfuerzos México será capaz de superar los obstáculos y riesgos que actualmente enfrentan quienes defienden los derechos humanos, para así protegerlos efectivamente y con ello, la fundamental labor que realizan para una sociedad democrática.

Jota terno 2016_BJacob J. Lumier

Movimiento de los Derechos Humanos
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Las personas defensoras de derechos humanos enfrentan peligro en Honduras

GINEBRA / WASHINGTON, D.C. (19 de agosto de 2016) – Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos. En lo que va del año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido información sobre el asesinato de por lo menos 8 defensores en el país.

El Gobierno de Honduras debe adoptar y aplicar de manera inmediata medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos, para que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato.

Este llamado urgente se hace tras el asesinato de otro reconocido dirigente, Kevin Ferrera, el día 9 de agosto de 2016, abogado y presidente de la Juventud del Partido Liberal (‘Juventud Liberal’) y miembro fundador de la organización Oposición Indignada. El Sr. Ferrera trabajaba con el objetivo de empoderar a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción e impunidad, y ayudó a organizar las recientes caminatas de protesta en contra de las propuestas de reelección del actual Presidente de Honduras.

Estamos sumamente preocupados que su asesinato pueda estar vinculado con el trabajo legítimo del Sr. Ferrera en la defensa de los derechos humanos e instamos al Estado a llevar a cabo una investigación para establecer responsabilidades tanto de los perpetradores materiales como de los autores intelectuales de este atroz crimen. La investigación debe ser exhaustiva, seria, imparcial y tomada con la debida diligencia.

La violencia y los atentados contra personas defensoras de derechos humanos no sólo afectan las garantías básicas de cada individuo. También socavan el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática.

Los Relatores Forst y Orozco Henríquez [[i]] hicieron referencia a la creación de un mecanismo de protección para defensoras y defensores y otros grupos en 2015, así como también a los esfuerzos del Estado para que el mecanismo sea totalmente operativo.

Los crímenes cometidos contra los defensores de derechos humanos, especialmente asesinatos a sangre fría, no deben quedar impunes, ya que la impunidad es el enemigo – y el mayor desincentivo de cualquier esquema de protección, no importa cuán comprehensivo sea éste.

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Jacob (J.) Lumier

OHCHR Civil Society Section

 

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[[i]] Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas-ONU, y José de Jesús Orozco Henríquez, relator interamericano sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Ver el comunicado completo en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20397&LangID=S