América del Sur y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Uruguay:

Zeid reconoce avances en derechos humanos pero pide más esfuerzos para abordar violaciones

GINEBRA / MONTEVIDEO (27 de octubre de 2017) – El compromiso de Uruguay con los derechos humanos en nivel interno e internacional es claro, pero el país debe hacer frente a una serie de desafíos como las condiciones carcelarias “inhumanas”, la generalizada violencia contra las mujeres y la persistente impunidad por violaciones cometidas durante la dictadura militar, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al final de una visita de dos días al país.

“Las autoridades uruguayas han realizado esfuerzos importantes para integrar los derechos humanos en las políticas públicas, y claramente existe una voluntad política para avanzar en esta área”, dijo Zeid, destacando la adopción de leyes y políticas que apuntan a combatir la discriminación, reducir la pobreza y mejorar los derechos de las mujeres y las personas LGBTI.

El Alto Comisionado señaló que los esfuerzos de Uruguay para mejorar su situación general son reconocidos a nivel nacional e internacional. “Uruguay es un país con un enorme potencial, que se ha atrevido a marcar la diferencia en muchas áreas. Sin embargo, el progreso realizado hasta la fecha no es suficiente: el país puede hacer más para combatir las graves violaciones de los derechos humanos que continúan ocurriendo”, dijo.

“Para hacerlo, Uruguay debe garantizar que las estrategias para responder a sus desafíos más apremiantes se basen firmemente en los derechos humanos, lo que también significa que el gobierno, el Parlamento y especialmente el Poder Judicial, deben defender e implementar las obligaciones del país bajo el derecho internacional de los derechos humanos”.

Durante sus reuniones con autoridades uruguayas y representantes de la sociedad civil, el Alto Comisionado expresó preocupación ante graves problemas de derechos humanos, tales como las denuncias sobre condiciones “deplorables e inhumanas” en muchos centros de detención. “En un país que ha tenido éxito en tantos ámbitos, es difícil entender que las autoridades sigan sin poder abordar las deficiencias de su sistema penitenciario, de larga data”, dijo.

El Alto Comisionado reconoció los pasos que ha dado Uruguay desde 2010 para mejorar las condiciones en sus cárceles, incluyendo a través del Comisionado Parlamentario Penitenciario. También celebró la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigor el próximo mes de noviembre, y expresó su esperanza de que esta nueva regulación ayude a aliviar el sobrecargado sistema penitenciario del país.

Sin embargo, a Zeid le alarmó la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, en particular la excesiva duración de la detención preventiva. Pidió a Uruguay garantizar que los jóvenes infractores sean protegidos de la violencia y la discriminación, y que puedan tener oportunidades reales de reinserción social. “En un país que envejece rápidamente como Uruguay, la sociedad necesita darse cuenta de que la juventud es su esperanza para el futuro”, dijo.

Zeid también pidió a Uruguay hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen adecuadamente. “Uruguay necesita utilizar el encarcelamiento como último recurso, así como implementar más medidas alternativas a la privación de libertad e introducir más programas de rehabilitación”, enfatizó.

El Alto Comisionado señaló asimismo que ” son preocupantes las persistentemente altas tasas de asesinatos de mujeres por motivos de género, cometidos en muchos casos por sus parejas o ex parejas, al igual que las dificultades que enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia para acceder a la justicia”. Zeid también urgió al gobierno a eliminar todas las restricciones y barreras a los servicios de salud reproductiva, incluidos los procedimientos de aborto seguro, que fueron despenalizados en 2012, y la atención post aborto.

Durante su visita, el Alto Comisionado se reunió con el Presidente Tabaré Vázquez y varios ministerios del gobierno, incluyendo la ministra de Desarrollo Social. Zeid saludó medidas recientes como un nuevo sistema nacional integrado de asistencia, la promoción de proyectos de ley como uno sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y la recientemente adoptada ley sobre salud mental.

Sin embargo, se mostró perturbado ante problemas como los altos índices de deserción en el sistema educativo, así como la persistente discriminación contra algunos grupos incluyendo las personas en situación de calle, las y los afrouruguayos y las personas con discapacidad.

“Las autoridades deben abrazar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo que significa no dejar a nadie atrás”, comentó el Alto Comisionado. “Con esto, el país será capaz de afrontar sus mayores desafíos de una manera inclusiva, haciendo que su situación de derechos humanos sea coherente con los estándares de vida de un país moderno como lo es Uruguay”, agregó.

El Alto Comisionado reconoció los intentos del gobierno por abordar la impunidad ante crímenes del pasado cometidos durante la dictadura militar ocurrida en el país del 1973 al 1985, pero subrayó la falta de avances en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Ya han pasado 32 años desde el fin de la dictadura, pero Uruguay aún debe lidiar en forma adecuada con un periodo brutal de su pasado reciente. Esto es esencial para que la sociedad pueda mirar hacia el futuro sin miedo, y el derecho internacional de los derechos humanos también es clave en este cometido”, dijo.

Zeid también instó a las autoridades a investigar amenazas de muerte recibidas por funcionarios, abogados y defensores de derechos humanos involucrados en el procesamiento de casos penales vinculados a graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

El Alto Comisionado reconoció el firme apoyo de Uruguay a los derechos humanos en la escena internacional, incluyendo su trabajo como miembro electo del Consejo de Seguridad sobre paz y seguridad y su compromiso con el Consejo de Derechos Humanos, donde ha sido el principal patrocinador de resoluciones sobre diversos temas.

“Uruguay tiene la oportunidad de ser un modelo a seguir para otros países. Con las considerables fortalezas de Uruguay, y teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales de derechos humanos, estoy convencido de que el país es capaz de superar sus desafíos de derechos humanos más acuciantes, para el beneficio de las personas”, dijo, agregando que su Oficina –incluyendo por medio de su Oficina Regional para América del Sur- está a disposición para apoyar en esta tarea.

Durante su visita, Zeid también participó en el 165° periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo, donde lanzó un plan de acción conjunto con la CIDH para la contribuir a la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. También se reunió con representantes de la sociedad civil de todo el continente.

FIN

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Declaración de la ONU sobre los Derechos de Campesinas y Campesinos

Un paso hacia adelante en el proceso hacia una Declaración de la ONU sobre los Derechos de Campesinas y Campesinos

 por Vía Campesina, FIAN International, CETIM

 

La Vía Campesina, FIAN International y CETIM, así como sus contrapartes, se complacen en anunciar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado por amplia mayoría una nueva resolución sobre los derechos de los campesinos y campesinas. Después de varios años de arduo trabajo, esta es una victoria sin precedentes para la defensa de los derechos de la población rural del mundo.

 

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Ginebra, 3 de octubre 2017 –La resolución sobre los derechos de las campesinas y campesinos fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos con 34 votos a favor, 11 abstenciones y 2 en contra. Esta da al grupo de trabajo el mandato de finalizar la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales”. Gracias a esta decisión esperamos ver la Declaración adoptada por los Estados miembros de la ONU en 2018.

 

Algunos de los derechos incluidos en la Declaración son los siguientes:

 

Derechos a los recursos naturales y el derecho al desarrollo – Los campesinos/campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad y necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizar dichos recursos. Tienen derecho a participar en la gestión de estos recursos y a disfrutar, individualmente o en comunidad con otros, de los beneficios de su desarrollo y conservación en su comunidad.

 

Derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria – Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre. Esto incluye el derecho a producir alimentos y a tener una nutrición adecuada según sus necesidades y particularidades sociales y culturales, lo que garantiza la posibilidad de disfrutar del máximo grado de desarrollo físico, emocional e intelectual. Los titulares de derechos reconocidos por esta declaración tienen derecho a la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos socialmente justos que tengan en cuenta consideraciones ecológicas.

 

Derecho a la tierra y a otros recursos naturales – Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho, individual y colectivamente, a las tierras, las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y los bosques que necesitan para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar para vivir en seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura.

 

Derecho a las semillas – Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a las semillas, en particular: a) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; b) El derecho a participar en la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; c) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; d) El derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas o material de multiplicación conservados en las explotaciones agrícolas.

 

Derecho a la biodiversidad – Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho, a título individual o colectivo, a conservar, mantener y desarrollar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica y los conocimientos conexos, en particular en la agricultura, la pesca y la ganadería. También tienen derecho a mantener sus sistemas tradicionales de agricultura, pastoreo y agroecología de los que dependen su subsistencia y la renovación de la biodiversidad agrícola.

 

Derecho de las mujeres campesinas – La Declaración busca eliminar la discriminación hacia las mujeres campesinas u otras mujeres que trabajan en las zonas rurales, con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el pleno disfrute de sus derechos humanos en condiciones de igualdad y que persigan en condiciones de libertad su desarrollo económico, social y cultural.

 

Las negociaciones continuarán en el 2018 luego de este gran paso. Llamamos a los Estados a participar activamente en el Grupo Intergubernamental de Trabajo para asegurar la pronta adopción de la Declaración. Los campesinos y campesinas, otros sectores del campo y quienes los apoyamos, estaremos observando su participación.

 

Leer el texto de la Declaración sobre los derechos de l@s Campesin@s

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Minga Informativa de Movimientos Sociales
http://movimientos.org/

Suscripciones: http://listas.movimientos.org/listas/subscribe/pasavoz 

 

Jacob (J.) Lumier

Para una nueva agenda urbana

 

 

En un momento de la migración y la urbanización sin precedentes, los derechos humanos están cada vez más amenazados, y su protección es un desafío central de nuestro tiempo.

Expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos debaten el borrador cero revisado y llaman para una nueva agenda urbana que abarca el potencial transformador de los derechos humanos como marco necesario para ciudades inclusivas, vibrantes y sostenibles

A medida que las negociaciones sobre el borrador cero revisado de la nueva agenda urbana se mueven hacia adelante en Nueva York, esta semana (27 de junio-1 Julio), los expertos hacen un llamamiento a los Estados miembros de garantizar que los derechos humanos se colocan en el centro de la agenda. Esto significa incluir un compromiso firme con la realización de los derechos humanos en las ciudades, en consonancia con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Se requerirá la plena participación de la sociedad civil y los grupos marginados, incluidas las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad, el establecimiento de mecanismos transparentes para el seguimiento, así como el aseguramiento de garantizar el acceso a la justicia de todos los derechos humanos.

Ninguna otra Conferencia Hábitat ha lidiado con una mayoría de vida de la población mundial en los centros urbanos. El Nuevo Programa Urbano es una oportunidad excepcional para que los derechos humanos se comprometan con eficacia a los desafíos contemporáneos, traer de vuelta a la noción de que las ciudades se hacen por y para todos sus habitantes para vivir, trabajar y prosperar. Es imperativo la Nueva Agenda Urbana priorizar las necesidades y los derechos humanos de millones de habitantes de las ciudades, muchas de las cuales son las minorías, o que no tienen hogar, que viven en la pobreza extrema, y que experimentan forzados y desalojos y desplazamientos violentos, entornos físicos limitados , la falta de acceso a alimentos, agua potable, saneamiento, servicios de salud, la tierra o la vivienda adecuada y se basan en el trabajo precario, mal pagado.

Demasiado muchas ciudades están en crisis. Recitar vagos compromisos con los derechos humanos de forma esporádica no es suficiente. La nueva política urbana debe institucionalizar y concretar los compromisos de derechos humanos para que todos los niveles de gobierno y otros actores verdaderamente responsable. Se debe crear mecanismos mediante los cuales se requieren todas las decisiones que ser compatible con los derechos humanos y todos los habitantes de las ciudades se reconocen como iguales en dignidad y derechos.

El el borrador cero revisado de la nueva agenda urbana ha evolucionado en sus referencias a los derechos humanos; los expertos aprecian los esfuerzos hechos hasta ahora. Expresa una visión de “ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos y libre de todas las formas de discriminación y violencia, donde todos los habitantes, ya sea permanente o transitorio, disfrutan de los mismos derechos y oportunidades.” Se toma nota de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos. El borrador  revisado también hace referencias explícitas al papel crucial de los gobiernos locales y subnacionales en la vida urbana. Dan la bienvenida a las referencias a varios grupos de población marginados y en las situaciones más vulnerables, en particular las personas con discapacidad, las personas mayores, los refugiados, los desplazados internos, los migrantes, las minorías, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas sin hogar. (…)

 

Vea el pronunciamiento completo de los expertos aquí

COP21: las obligaciones de derechos humanos de los Estados abarcan el cambio climático

Sociólogos sem Fronteiras - Rio de JaneiroPARIS (3 de diciembre de 2015) – El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, recordó hoy a todas las partes que asistieron a la Conferencia de París Clima * que “las obligaciones de los Estados de los derechos humanos también abarcan el cambio climático”, y los instó a adoptar una perspectiva de derechos en la lucha contra los problemas ambientales.

“Todo Estado en las negociaciones sobre el clima pertenece a al menos un tratado de derechos humanos, y deben garantizar que todas sus acciones cumplen con sus obligaciones de derechos humanos. Eso incluye sus acciones relacionados con el cambio climático “, dijo Knox en París, donde participa en la 21ª reunión de la Conferencia de las Partes – COP 21.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16836&LangID=E

Un acuerdo sin precedentes sobre democracia ambiental

Expertos de la ONU instan a América Latina y el Caribe a adoptar un acuerdo sin precedentes sobre democracia ambiental

Sociólogos sem Fronteiras - Rio de Janeiro

GINEBRA (22 de octubre de 2015) – En una declaración pública* dada a conocer hoy, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su firme apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para logar un instrumento regional que garantice los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.

“El desarrollo sostenible y los derechos humanos están relacionados entre sí”, señaló el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente,  John Knox, mientras los 20 Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que representan a más de 500 millones de personas, se preparan para la próxima reunión de negociación que tendrá lugar del 27 al 29 de octubre en la Ciudad de Panamá.

“Los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia conforman una parte central de esta relación”, dijo el Sr. Knox en nombre del grupo de expertos de Naciones Unidas. “Cuando las personas más afectadas por las políticas de desarrollo y medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas y las mujeres que a menudo son las principales cuidadoras de la familia, pueden ejercer sus derechos a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia, las políticas son más justas y efectivas”, dijo.

“Esta negociación es uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional”, subrayó el Relator, “y proporcionará un modelo para que se tomen pasos similares en otras regiones y países”.

En su declaración pública, los expertos afirmaron que un instrumento regional robusto sobre los derechos de acceso fortalecerá las legislaciones nacionales que implementan acuerdos multilaterales ambientales y las políticas nacionales en otras áreas, como el cambio climático, la gestión de productos químicos y residuos y la diversidad biológica.

Sin embargo, advirtieron que si bien la mayoría de los países han expresado su intención de concluir un instrumento jurídicamente vinculante, aún no han adoptado una decisión formal sobre el tema.

“Instamos a los negociadores a que adopten un tratado u otro instrumento vinculante, ya que ésta sería la mejor forma de promover la implementación efectiva de los derechos de acceso y el desarrollo sostenible, y de asegurar que este instrumento fortalezca las capacidades de las instituciones públicas y la sociedad civil”, señaló el Sr. Knox.

Los 20 países participantes en la negociación son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

(*) Vea la declaración completa publicada por los expertos de la ONU: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16630&LangID=S

FIN

Salvar a la Amazonia

Artigo de IPS intitulado

Sociedad civil mundial se lanza al rescate de la Amazonia

Por Kwame Buist

http://www.ipsnoticias.net/2015/04/sociedad-civil-mundial-se-lanza-al-rescate-de-la-amazonia/

Reproduzido por Jacob (J.) Lumier

ROMA, 6 abr 2015 (IPS) – Circula en Internet una petición de la sociedad civil para salvar a la Amazonia y, según sus promotores, cuando se tenga un millón de firmas se entregarán a los líderes indígenas, quienes las presentarán a los gobiernos de Brasil, Colombia y Venezuela.

A través de Avaaz (“voz”, en persa), una organización civil creada en enero de 2007 para promover causas relacionadas con el cambio climático y derechos humanos, la petición invita a la ciudadanía mundial a expresar su apoyo a un ambicioso proyecto para crear la mayor reserva mundial y proteger 135 millones de hectáreas de la selva amazónica, más del doble de Francia.

“El destino de la selva amazónica pende de un hilo”: Avaaz.

Avaaz dice que el proyecto no se concretará “a menos que los gobernantes de Brasil, Colombia y Venezuela sepan que la ciudadanía lo quiere”.

La organización, que funciona en 15 idiomas y asegura tener más de 30 millones de miembros en 194 países, aboga por “acortar la brecha entre el mundo que tenemos y el que la mayoría de las personas quieren”.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el 13 de febrero que su país propuso colaborar con Brasil y Venezuela para crear el mayor corredor ecológico del mundo a fin de mitigar los efectos del cambio climático y preservar la biodiversidad.

“Será el mayor corredor ecológico del mundo y constituirá una gran contribución a la lucha de la humanidad por preservar nuestro ambiente; y en el caso de Colombia, preservar nuestra biodiversidad”, declaró Santos.

El presidente colombiano agregó que le encomendó a su canciller, María Angela Holguin, “crear los mecanismos de comunicación con Brasil y Venezuela” para poder presentar una “propuesta concreta y realista que transmita al mundo el enorme aporte que significaría un corredor para preservar a la humanidad y mitigar el cambio climático”.

Según Avaaz, “si creamos una gran presión global para salvar a la Amazonia y lo combinamos con encuestas nacionales en los tres países, podemos darle al presidente colombiano el apoyo que necesita para convencer a Brasil y Venezuela”.

“Los tres gobernantes buscan oportunidades para destacarse en la próxima cumbre de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre el clima”, la que se realizará en París en diciembre de este año. “Démosela”, agregan.

La Amazonia ya se reconoce como vital para la vida de la Tierra, 10 por ciento de todas las especies conocidas viven allí y sus árboles frenan el cambio climático por su capacidad de almacenar miles de millones de toneladas de dióxido de carbono que, de lo contrario, se liberarían a la atmósfera.

Avaaz señala que “el destino de la selva amazónica pende de un hilo”. Tras disminuir algunos años, la deforestación comenzó a aumentar otra vez el año pasado y, en Brasil se disparó a 190 por ciento en agosto y septiembre.

Las actuales leyes y estrategias de control no logran frenar a leñadores, mineros y hacendados y, según Avaaz, “la mejor forma de regenerar la selva es mediante grandes reservas y, el corredor ecológico, sería una gran ayuda para ayudar a salvar el frágil ambiente natural de la Amazonia”.

Frente a las críticas de quienes sostienen que las reservas frenan el desarrollo económico y que suelen implementarse sin consultar a las comunidades indígenas, Avaaz sostiene que los responsables “de la propuesta se comprometen a participar y colaborar totalmente con los indígenas”.

Además, “80 por ciento del territorio incluido en el plan ya está protegido, lo que realmente requiere está propuesta innovadora es una coordinación regional y control”, explicó la organización.

Según los promotores de la petición, “es una oportunidad de lograr un proyecto tangible y vital que puede ayudar a garantizar todo nuestro futuro. Si funciona, puede replicarse en otros importantes bosques del mundo. Esto puede sembrar la semilla para ayudar a cuidar el planeta”.

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A Mudança Climática e a COP 20

LIMA, 14 dic 2014 (IPS) – Tras una prórroga de 25 horas, los negociadores de 195 países alcanzaron un acuerdo con un “mínimo común necesario” de medidas para afrontar el cambio climático y postergaron las grandes decisiones sobre un nuevo tratado para la 21 Conferencia de las Partes (COP 21), que tendrá lugar en un año más en París. Después de 13 días de debates, la COP 20 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) dejo sin resolver asuntos medulares como la fiscalización de los compromisos de la reducción de emisiones de cada país, el reconocimiento de daños y pérdidas causados por las alteraciones climáticas y los planes inmediatos, denunciaron a IPS representantes de organizaciones observadoras. El documento aprobado, el tercero que se debatió y denominado “Llamamiento de Lima para la Acción Climática”, establece que los países presentarán antes de octubre sus compromisos nacionales de reducción de las emisiones de gases que provocan el recalentamiento global. También “urge” a los países industrializados a “prever y movilizar soporte financiero para acciones ambiciosas de mitigación y adaptación” para las naciones afectadas por el cambio climático, “invita” a que fijen ese financiamiento junto con los compromisos de reducción. Una exhortación que atendió débilmente los requerimientos de los países más vulnerables al aumento de las temperaturas y evitó un neto naufragio. “Los países necesitan ahora financiamiento climático y acciones urgentes a tomar ahora, porque nuestras emisiones deben llegar a un máximo antes del 2020 y luego empezar a reducirlas si queremos mantenernos en un camino seguro”: Tasneem Essop. Pero los observadores lamentaron que en el Llamamiento de Lima se haga poco por atender a las poblaciones más vulnerables como agricultores, comunidades costeras, indígenas, mujeres y sectores más desposeídos de las sociedades. “Hubo una serie de intercambios entre países desarrollados y en desarrollo y el resto del texto se ha vuelto significativamente más débil en cuanto a las reglas para el próximo año y cómo lograr acción y ambición climática”, dijo a IPS el coordinador de Cambio Climático de Care International, Sven Harmeling. “Ha sido realmente desafortunado”, sentenció.

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