Venezuela ante los Derechos Humanos

Reproduzco aquí el posicionamiento actual de los derechos humanos sobre Venezuela.

 

GINEBRA (1 de agosto 2017) – Me preocupa profundamente que los  líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma hayan sido nuevamente puesto bajo custodia de las autoridades venezolanas tras la revocación de su arresto domiciliario. Insto al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión.

 

Lamento además que al menos 10 personas hayan muerto en Venezuela durante el fin de semana en medio de manifestaciones por las elecciones de la Asamblea Constituyente. Las investigaciones para esclarecer estas muertes deben ser llevadas a cabo de manera rápida, eficaz e independiente, con la plena cooperación del Gobierno.

 

Insto a las autoridades a no exacerbar una situación ya extremadamente volátil con el uso de fuerza excesiva, ni con allanamientos arbitrarios y violentos a residencias por parte de las fuerzas de seguridad en varias partes del país.

 

Hago un llamado urgente a todas las partes a abstenerse del uso de la violencia.

 

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera que las detenciones de López y Ledezma son arbitrarias. Las opiniones del Grupo de Trabajo sobre estos casos se pueden encontrar aquí:

 

Lopez: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WGAD/2014/26&Lang=S

 

Ledezma: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/WGAD/2015/27&Lang=S

FIN

 

Los Derechos Humanos Y La Lucha Contra El Terrorismo

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, realizará una visita oficial a Sri Lanka del 10 al 14 de julio para recabar información de primera mano sobre las iniciativas en la esfera de la lucha contra el terrorismo y Evaluar cómo afectan a la promoción y protección de los derechos humanos.

“Trataré de prestar asistencia en el debate sobre la política y el marco jurídico del país en materia de lucha contra el terrorismo, así como en la preparación y redacción de los actos legislativos pertinentes, con miras a asegurar que las medidas adoptadas por el Gobierno se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos “, dice el Sr. Emmerson.

Durante su misión de cinco días al país, el Sr. Emmerson tiene previsto celebrar reuniones de alto nivel con representantes del Gobierno, incluidos los ministerios encargados de asuntos exteriores, orden público, desarrollo del sur, justicia, defensa, finanzas, medios de comunicación, Reformas penitenciarias, rehabilitación, reasentamiento y asuntos religiosos hindúes.

El Relator Especial también se reunirá con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, miembros del parlamento, miembros de departamentos de policía especializados, la Comisión Nacional de Policía y la Comisión de Derechos Humanos. Además, se dirigirá a lugares de detención para entrevistar a personas sospechosas o condenadas por delitos terroristas.

El Sr. Emmerson, que visita Sri Lanka por invitación del Gobierno, también mantendrá conversaciones con representantes de la comunidad internacional, abogados, académicos y organizaciones no gubernamentales. Él visitará Colombo y pasará varios días en otras áreas del país, incluyendo Anuradhapura y Vavuniya.

Al final de su visita, el viernes 14 de julio de 2017, a las 15:00, el Sr. Emmerson compartirá sus observaciones preliminares con los medios de comunicación durante una conferencia de prensa en el edificio de la ONU (202 Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7). Copias de su declaración de fin de misión y el comunicado de prensa estará disponible en inglés y cingalés. El acceso a la conferencia de prensa está estrictamente limitado a los periodistas.

El Relator Especial presentará un informe completo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2018.

Termina

Tratado sobre empresas y derechos humanos

Llamado

Llamamos a los Estados a participar activamente en las negociaciones del tratado internacional para asegurar la protección de los derechos humanos frente a las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas.

Saludamos las dos exitosas sesiones (2015 y 2016) del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre corporaciones transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos que exploró la naturaleza, alcance y elementos que podrían ser incluidos en un “instrumento jurídicamente  vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos”. El Grupo de Trabajo realizará su próxima sesión entre el 23 y el 27 de Octubre de 2017 para iniciar la negociación de los contenidos y alcance de nuevo instrumento.

A nivel global, las corporaciones intervienen en operaciones que resultan en contaminación y degradación ambiental, acaparamiento de tierras, uso de trabajo esclavo, amenazan el acceso a medicamentos y los servicios públicos de salud, no respetan las normas laborales, y en casos de violencia contra personas y defensores de derechos humanos, entre otras. Las corporaciones deben responder por estos abusos. Existen actualmente una serie de vacíos regulatorios, algunos de ellos asociados a que las corporaciones operan a nivel internacional, mientras que las leyes que las regulan tienen un carácter nacional. En este contexto de impunidad, las corporaciones cooptan fácilmente a las instituciones nacionales e internacionales. Los tratados de inversiones y comercio firmados por los Estados garantizan a las empresas transnacionales amplios derechos, privilegios y la posibilidad de obtener ganancias; pero no existe una regulación internacional correspondiente para que los Estados garanticen que las operaciones de las corporaciones sean realizadas sin incurrir en abusos a los derechos humanos y ambientales. La introducción y reglamentación de obligaciones nacionales e internacionales es necesaria para que los Estados puedan por fin cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos y ambientales frente a las actividades dañinas de compañías transnacionales y otras empresas.

Consideramos que el rico debate que tuvo lugar a nivel del Grupo Intergubernamental de Trabajo ha mostrado la necesidad de un instrumento internacional, jurídicamente vinculante para 1) fortalecer la protección a comunidades e individuos afectados por violaciones relacionadas con la operación de corporaciones transnacionales y otras empresas, y 2) proveer acceso efectivo a reparación a los afectados, en particular a través de mecanismos judiciales. Las sesiones incluyeron intercambios y debates entre representantes de las comunidades afectadas, expertos, juristas, activistas y parlamentarios de diferentes sectores y regiones, con los representantes de los Estados. Las sesiones contribuyeron a  la identificación de un piso común desde el cual avanzar en la elaboración del tratado basado en la obligación primaria de los Estados de proteger los derechos humanos, inclusive extraterritorialmente.

La movilización de organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales ha crecido significativamente. Su labor de incidencia constante y constructiva a nivel nacional y la presencia en las deliberaciones en las Naciones Unidas fueron claves para respaldar el proceso y mostrar la importancia de un potencial tratado para la lucha por justicia social y los derechos humanos en el mundo.

El nuevo instrumento jurídicamente vinculante debería ser un paso adelante en la promoción y protección de los derechos humanos, construido sobre esfuerzos previos, y establecer un marco complementario con los instrumentos internacionales existentes de derechos humanos. Un conjunto de obligaciones y mecanismos de aplicación son el próximo paso lógico y necesario en este proceso que comenzó hace ya algunas décadas. El tratado debe estipular la primacía de los derechos humanos sobre los derechos y privilegios de las corporaciones creados en el marco de los tendenciosos e injustos acuerdos de comercio e inversión. Debe establecer también un marco jurídico internacional sólido de rendición de cuentas de las corporaciones que garantice el acceso a la justicia a las comunidades e individuos afectados y que ponga así fin a la impunidad empresarial. La cooperación internacional entre Estados debe ser fortalecida a fin de responder a estos desafíos regulatorios a nivel global.

Para que sea exitosa, la tercera sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo debe alentar: 1) una negociación sustantiva, cooperativa y constructiva entre los Estados sobre elementos concretos y detallados del tratado con relación a sus contenidos y alcance, 2) un abordaje participativo que garantice la presencia de perspectivas diversas de la sociedad civil, y 3) el establecimiento de una hoja de ruta para la conclusión de las negociaciones en un plazo corto.

Recalcamos nuestro fuerte compromiso con el proceso e instamos a todos los Estados a enfocarse, en esta ocasión, en las negociaciones de los contenidos del tratado. Llamamos a la población a estar atenta a este proceso de importancia crítica y a movilizarse activamente en su apoyo a nivel nacional, regional e internacional.

http://www.treatymovement.com/

FIRME LA DECLARACIÓN

 

Desahucio en España violó los derechos humanos de una familia, concluyen expertos de la ONU

Ginebra (5 de julio de 2017) – España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores, que fue desahuciada de la habitación en la que vivían sin que se les proporcionara vivienda alternativa, concluyeron expertos de la ONU.

Los expertos independientes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con sede en Ginebra, emitieron su dictamen después de examinar la denuncia presentada por una pareja que fue desahuciada por orden judicial en Madrid en 2013, conjuntamente con sus hijos de uno y tres años de edad.

En 2012, la pareja dejó de percibir el subsidio de desempleo y no pudo pagar la renta mensual de alquiler. En su dictamen, el Comité determinó que, no obstante la orden judicial de desahucio era legal, las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar a la familia una vivienda alternativa.

“Este no es un caso único. Muchas familias en países desarrollados y en desarrollo se enfrentan a situaciones similares”, señaló el Sr. Rodrigo Uprimny, miembro del Comité. “A través de nuestra decisión reafirmamos que todas las personas, incluidas aquellas que viven en régimen de arriendo, tienen el derecho a una vivienda. Los Estados, por tanto, deben garantizar que los desahucios no den lugar a situaciones en las que los afectados se queden sin un techo.”  

Agregó: “Los Estados tienen la obligación, hasta el máximo de sus recursos disponibles, de proveer una vivienda alternativa a las personas objeto de desahucio que se encuentren en una situación de penuria. Corresponde al Estado afectado demostrar que a pesar de que tomó todas las medidas necesarias, no le fue posible otorgar a la persona desahuciada una vivienda alternativa.”

La Presidenta del Comité, Sra. Virginia Bras Gomes, afirmó: “Este caso muestra hasta qué punto las fallas institucionales, como una alta tasa de desempleo, la falta de políticas sociales adecuadas y una insuficiente coordinación entre los organismos públicos competentes, están en la raíz de violaciones a los derechos humanos. Los Estados deben respetar sus obligaciones internacionales y enfrentar urgentemente esas fallas a fin de crear condiciones que permitan proporcionar una asistencia adecuada a quienes la necesitan.”

El Comité instó a España, Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), a tomar todas las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda adecuada, así como a otorgarle una compensación económica por la violación de sus derechos de que fue objeto. El Comité determinó igualmente que España debe formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos recursos.

El Comité consideró el caso en virtud del Protocolo Facultativo del PIDESC, el cual reconoce la autoridad del Comité para examinar denuncias individuales. Puede encontrar detalles sobre el caso aquí.

TERMINA

Derechos humanos: Diferencia y complementariedad entre el sociológico y el jurídico

Zeid en Etiopía

GINEBRA / ADDIS ABEBA (28 de abril de 2017) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, visitará oficialmente la República Democrática Federal de Etiopía, por invitación del Gobierno, del 2 al 4 de mayo de 2017.

Zeid se reunirá con el Primer Ministro Hailemariam Desalegn, con el Presidente de la Cámara de  Representantes del Pueblo, Abadula Gemeda y otros altos funcionarios etíopes, para discutir la situación de los derechos humanos en Etiopía y El trabajo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país.

Además, se reunirá con el Dr. Addisu Gebre-Egziabher, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, miembros de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de Etiopía.

Durante su visita, Zeid también mantendrá conversaciones con los principales funcionarios de la Comisión de la Unión Africana, entre ellos el Presidente de la Comisión, Moussa Faki Mahamat; el Comisionado de la AUC para la Paz y la Seguridad Smail Chergui; Y la Comisaria de Asuntos Políticos de la AUC Cessouma Minata Samate.

Sus conversaciones con funcionarios de la Unión Africana se centrarán en los planes para reforzar la coordinación entre la ONU y la UA en materia de derechos humanos, en consonancia con otras medidas recientes para fortalecer su asociación, incluida la reciente firma en Nueva York de un acuerdo marco sobre cooperación reforzada en paz y seguridad.

Al final de su visita, el jueves 4 de mayo, el Alto Comisionado celebrará una conferencia de prensa en el Centro de Conferencias de la CEPAL en Addis Abeba a las 16:00 horas.

Termina

 

Los Niños De Siria

Comité de Derechos del Niño de la ONU insta a rendir cuentas por la situación de los niños de Siria

GINEBRA (20 de abril de 2017) – El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha pedido que se rendan cuentas de los actos reprobables cometidos contra niños en Siria.

“Una vez más, los niños sufren los peores ataques de Siria”, dijo el presidente del Comité, Benyam Dawit Mezmur, en referencia al gran número de niños víctimas del reciente ataque a un convoy de evacuación en Rasheedin, cerca de Aleppo occidental. Informó el uso de armas químicas en Khan Sheikhoun en el sur de Idlib a principios de este mes.

“2016 ya era el peor año para los seis millones de niños afectados por el conflicto en Siria. Han sido asesinados, mutilados, sometidos a violencia sexual y traumatizados. Casi 2,4 millones han sido desplazados y 2,8 millones viven en zonas de difícil acceso y otras 280.000 en zonas sitiadas “, dijo Mezmur.

Hizo hincapié en que los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño, que incluye a Siria, así como otros actores, tienen la obligación de prevenir violaciones de las leyes humanitarias y de derechos humanos internacionales y tomar todas las medidas posibles para minimizar el impacto de la Conflicto en Siria en los niños.

“Insto a todos los agentes pertinentes a que investiguen estos actos abominables y que lleven a sus autores ante la justicia, incluso prestando pleno apoyo “to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons fact-finding mission, the independent Joint Investigative Mechanism, the Syria Commission of Inquiry and the International, Impartial and Independent Mechanism on Syria,”, agregó el Sr. Mezmur.

Termina

Comité de los Derechos del Niño: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

Convención sobre los Derechos del Niño: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx