Los Derechos Humanos en España

Experta de la ONU pide a España “un auténtico compromiso con la protección de los derechos humanos para todos” Ícone+legenda SSF_RIOpeq

GINEBRA (29 de abril de 2014) – “Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”, declaró hoy la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, al reiterar su llamado a las autoridades españolas para que garanticen el acceso universal a la salud.

“España tiene obligaciones positivas en materia de acceso a la atención sanitaria, incluidas obligaciones para con los migrantes, independientemente de su situación jurídica”, recalcó la Sra. Sepúlveda.

La experta expresó sus preocupaciones en una carta enviada a las autoridades españolas en noviembre de 2013 con otros expertos en derechos humanos de la ONU, en la cual advirtieron que “los cambios adoptados por el Gobierno de España en 2012, que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos del país”.

El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó en enero de 2014 que la decisión tomada por España de restringir el acceso a la atención médica gratuita para los inmigrantes indocumentados infringe la legislación europea de derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU formuló recomendaciones parecidas en 2012.

“El Gobierno de España debe demostrar un auténtico compromiso con la protección del derecho a la salud para todos”, dijo la Sra. Sepúlveda al señalar que “el parecer de los órganos de expertos internacionales ha sido unánime y el Gobierno español no debe ignorarlo”.

La Relatora Especial de la ONU agradeció al Gobierno su exhaustiva respuesta a la carta, pero indicó que no estaba de acuerdo con sus argumentos y conclusiones. “Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”, destacó la experta.

Sra. Sepúlveda advirtió: “El gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”.

La experta agradeció el compromiso de las autoridades españolas de continuar la cobertura sanitaria para mujeres embarazadas y menores. Sin embargo, refutó el argumento del Gobierno de que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita.

“La falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”, recalcó.

“Sin acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia –que son más costosos- y se pone la salud pública en riesgo”, la Relatora señaló. “Lo que es aún más importante, amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene un enorme coste humano. Estas medidas son contrarias a las normas de derechos humanos”.

La experta de derechos humanos de la ONU se vio alentada por la información recibida que indica que las autoridades locales y los profesionales de la salud siguen suministrando atención sanitaria en muchos casos. Sin embargo, advirtió al Gobierno que eso no cumple con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

“Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para migrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables”, enfatizó la experta.

“No sólo son vulnerados los derechos humanos de los individuos afectados, sino que además, aunque no se haya detectado aún un impacto más amplio sobre la salud colectiva, el riesgo sigue aumentando”, dijo.

La experta recordó que el Tribunal Constitucional español trató recientemente la legislación promulgada en Navarra. El Tribunal señaló que el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por “la sola consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

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Vea el Índice Universal de los Derechos Humanos: http://uhri.ohchr.org/es/